El rescate de Chipre ha puesto en cuestión uno de los
grandes pilares del sistema bancario; la seguridad de los depósitos. La
seguridad jurídica de la eurozona se ha puesto en entredicho y el daño al
ahorro es tan grade que la fuga generalizada de capitales en el sur de Europa
es una posibilidad - poco probable pero real, ya que de alguna manera los dirigentes de la UE se darán
cuenta de su error y tratarán de devolver la confianza a los ahorradores.Lo que no cambiará es que el sistema de financiar gasto con deuda ya no da más de sí. Los tipos artificialmente bajos no van a durar siempre - actualmente los tipos del BCE se encuentran al 0,75% - y el diferencial con Alemania vuelve a aproximarse a los 400 puntos básicos, es decir el bono a 10 años ofrece cerca del 5%. Situación anómala que han aprovechado los políticos españoles para aumentar la deuda en vez de reducirla; porque es barata y se puede financiar en el corto plazo. Actualmente la inflación está controlada, debido a la recesión que atraviesa Europa y a la depresión en que está sumida España con caídas encadenadas del PIB - que este año volverá a caer en un 1,5% mientras el paro llegará al 27,1% según calcula el Banco de España, acercándose a niveles de desempleo de economías emergentes como las de Túnez o Egipto. No obstante, el desequilibrio en las finanzas públicas europeas no está completamente controlado, ni tampoco en las finazas americanas. La inflación tarde o temprano tiene que aparecer. Los tipos anormalmente bajos tendrán que subir para evitar que la inflación se desboque. Será entonces cuando los desequilibrios actuales muestren su peor cara. Sin superávit presupuestario, la acumulación de deuda llevará a España tener que pagar tipos inasumibles mientras que la deuda ya crecerá sin necesidad de tener que añadir nueva deuda por el aumento de los intereses - se renovará a tipos más altos. Si España se viese en situación de tener que hacer una quita, desaparecerían las pensiones de un plumazo, al estar el dinero de las pensiones fundamentalmente invertido en deuda española.
Descartada una quita, y sin dinero para un rescate exterior,
este solo podría llegar desde dentro. La posibilidad de haber recapitalizado a
los bancos con un sistema de mercado se echo al traste con su rescate, y la
deuda asumida “temporalmente” por el Estado. Se podrían tocar los depósitos,
pero el antecedente de Chipre es peligroso en un país tan grande como España.
La solución más fácil es reformar el sistema de pensiones, ya que actualmente es inviable,
para garantizar su sostenibilidad futura. El análisis es cierto, en España el
ratio de trabajadores
por pensionistas es del 1.9 uno de los menores del mundo desarrollado y el
principal gasto del Gobierno es Sanidad y Pensiones, pero la conclusión es
errónea, el modelo no puede ser reformado sin graves consecuencias para el cotizante. Solo admite variarlo a un modelo con seguridad jurídica sin gestión política de las mismas.
Así la próxima quita será al sistema de pensiones, que se
venderá a la presa y a los trabajadores como una medida para la sostenibilidad del
sistema público de pensiones. Un sistema público que es inviable por el
envejecimiento de la población y la crisis económica española, que en opinión
de Hans-Werner Sinn, presidente del IFO, se prolongará por espacio de 10 años y
requerirá de una devaluación interna del 30% según una entrevista
concedida al diario El País.
Siguiendo otras medidas aprobadas en otros países
europeos, es probable que España necesite de las condiciones más duras tanto en
la edad de la jubilación como en los requisitos para acceder a una pensión. La
quita posiblemente consistirá en que la edad de jubilación se elevará a 75 años y habrá que cotizar al menos 40 años para
recibir la pensión completa y 35 para poder recibir alguna pensión – cuantos
menos cotizantes accedan a las pensiones, pagando durante más tiempo, para conseguir una pensión menor, más sencillo será mantener el sistema
público de pensiones. Sin darnos cuenta sufriremos una quita de
grandes proporciones.
En opinión del que escribe, la solución no está en reformar el sistema de pensiones - se basa en una promesa
de repago con las futuras aportaciones de nuevos trabajadores - sino en cambiarlo.
Diferenciar de las aportaciones a la SS las que son para pensiones de las del
resto - sanidad y seguro de desempleo principalmente - e invertirlas en fondos de pensiones privados elegidos por el
trabajador. Una solución real adoptada en países como Chile. La diferencia es sustancial, se pasa de promesas de pago basadas en
esquemas piramidales condicionados por el crecimiento de la población y el ratio entre la natalidad y la mortalidad a realidades sustentadas en derechos en propiedad del cotizante. Los activos
estarían segregados, gestionados profesionalmente y no les podría meter mano el
gestor político para comprar deuda de alto riesgo. Aunque estar a salvo del riesgo de una nacionalización de las pensiones tampoco estaría asegurado en el caso de un escenario extremo, esto último siempre sería más difícil de realizar.
