El rescate de Chipre ha puesto en cuestión uno de los
grandes pilares del sistema bancario; la seguridad de los depósitos. La
seguridad jurídica de la eurozona se ha puesto en entredicho y el daño al
ahorro es tan grade que la fuga generalizada de capitales en el sur de Europa
es una posibilidad real. De alguna manera, los dirigentes de la UE se darán
cuenta de su error y tratarán de devolver la confianza a los ahorradores. Lo
que no cambiará es que el sistema de financiar gasto con deuda no da más de sí.
Los
tipos artificialmente bajos, no van a durar siempre. El
diferencial con Alemania vuelve a aproximarse a los 400 puntos básicos,
es
decir el bono a 10 años cerca del 5% con los tipos del BCE al 0,75%.
Situación
anómala que han aprovechado los políticos españoles para aumentar la
deuda.
Actualmente la inflación está controlada, debido a la recesión que
atraviesa
Europa y a la depresión en que está sumida España con caídas encadenadas
del PIB, que este año volverá a caer en un 1,5% mientras el paro llegará al 27,1%
según calcula el Banco de España, acercándose a niveles de economías
tan voyantes como la de Túnez o Egipto. No obstante, el desequilibrio en
las finanzas públicas europeas no lo está controlado,
tampoco en las finazas americanas. La inflación tarde o temprano tiene
que aparecer.
Los tipos anormalmente bajos entonces tendrán que subir para evitar que
la
inflación se desboque. Será entonces cuando los desequilibrios actuales
muestren su cara más amarga. Sin superávit presupuestario, la
acumulación de
deuda llevará a España tener que pagar tipos inasumibles mientras que la
deuda
crece y se renueva a tipos más altos provocando su crecimiento futuro.
Si
España se viese en situación de tener que hacer una quita,
desaparecerían las
pensiones de un plumazo, al estar el dinero de las pensiones invertido
en deuda
española.
Descartada una quita, y sin dinero para un rescate exterior,
este solo podría llegar desde dentro. La posibilidad de haber recapitalizado a
los bancos con un sistema de mercado se echo al traste con su rescate, y la
deuda asumida “temporalmente” por el Estado. Se podrían tocar los depósitos,
pero el antecedente de Chipre es peligroso en un país tan grande como España.
La solución más fácil es reformar el sistema de pensiones, que es inviable,
para garantizar su sostenibilidad futura. El análisis es cierto, en España el
ratio de trabajadores
por pensionistas es del 1.9 uno de los menores del mundo desarrollado y el
principal gasto del Gobierno son Sanidad y Pensiones, pero la conclusión es
errónea y solo admite variarlo a un modelo con seguridad jurídica.
Así la próxima quita será al sistema de pensiones, que se
venderá a la presa y a los trabajadores como una medida para la sostenibilidad del
sistema público de pensiones. Un sistema público que es inviable por el
envejecimiento de la población y la crisis económica española, que en opinión
de Hans-Werner Sinn, presidente del IFO, se prolongará por espacio de 10 años y
requerirá de una devaluación interna del 30% según una entrevista
concedida al diario El País.
Siguiendo otras medidas ya aprobadas en otros países
europeos, es probable que España necesite de las condiciones más duras tanto en
la edad de la jubilación como en los requisitos para acceder a una pensión. La
quita será que la edad de jubilación se elevará a 75 años - porque a los
muertos no se les pagan pensiones - y habrá que cotizar al menos 40 años para
recibir la pensión completa y 35 para poder recibir alguna pensión – cuantos
menos cotizantes accedan a las pensiones más sencillo será mantener el sistema
público de pensiones. Sin darnos cuenta sufriremos una quita “vergonzante” de
grandes proporciones.
La solución no está en reformarlo - se basa en una promesa
de repago con las futuras aportaciones de nuevos trabajadores - sino en cambiarlo.
Diferenciar de las aportaciones a la SS las que son para pensiones de las del
resto, e invertirlas en fondos de pensiones privados elegidos por el
trabajador. La diferencia es sustancial, se pasa de promesas de pago basadas en
esquemas piramidales a realidades sustentadas en derechos en propiedad - el
dinero en un fondo privado sería tuyo, en vez de una promesa. Los activos
estarían segregados, gestionados profesionalmente y no les podría meter mano el
político de turno para comprar deuda de alto riesgo.